Un analisis de el economia Mexicana.

A principios de la década de 1980, las autoridades económicas en México emprendieron una serie de ajustes y reformas con la finalidad de estabilizar la economía, ya que ésta se encontraba sumida en una profunda crisis, exacerbada por las dificultades para el acceso al financiamiento proveniente de los circuitos del crédito internacional.
En 1988 se profundizaron estos cambios en la estrategia de desarrollo interno, tratando de acelerar la reforma estructural iniciada unos años antes.

De esta manera se buscó acentuar la importancia del sector exportador, restringir el papel hasta entonces preponderante del sector público y sentar las bases para que el sector privado se convirtiera en el principal motor de la economía.

Antes de iniciar tales reformas, el Estado mexicano era el principal impulsor de la economía, pues su participación activa en los sectores más importantes de la producción de bienes e incluso de algunos servicios había venido creciendo a tasas cada vez más aceleradas. Según las estadísticas disponibles, a esta fuerte participación estatal en las principales ramas de actividad económica se asociaron altas tasas de crecimiento del PIB, las cuales se sostuvieron por varias décadas llegando incluso a niveles que no se han visto nuevamente, por lo menos en los últimos 25 años.

El gasto público era el motor del crecimiento económico y social, por lo que de manera un tanto natural, la participación del sector público de México en la actividad económica estaba acompañada de un nivel del gasto público en constante crecimiento.

Para cubrir los crecientes déficit asociados a la expansión del gasto público, el gobierno mexicano tuvo que recurrir al endeudamiento externo como complemento, también en una escala creciente.

El objetivo primordial del endeudamiento de la economía mexicana era complementar el financiamiento que podía obtenerse en el mercado financiero interno, ya que como éste se encontraba reprimido, ofrecía una forma barata y no inflacionaria de financiar el déficit presupuestal. En el caso de México, esa represión financiera se manifestaba como un conjunto de medidas tales como la regulación de las tasas de interés (tanto activas como pasivas), la existencia de controles cuantitativos del crédito, el uso de reservas obligatorias por parte de la banca comercial para el otorgamiento de crédito al gobierno, etc. Durante el sexenio del presidente Carlos Salinas (1989-1994), las autoridades económicas argumentaban que la reforma financiera era necesaria, indispensable e improrrogable debido a que bajo el esquema de operación en que había funcionado la economía del país, se había desarrollado un marco institucional incapaz de responder a los choques externos y a los efectos desfavorables de éstos sobre los recursos disponibles para financiar las actividades productivas.

También en el exterior se produjeron condiciones que dieron pie a la búsqueda de cambios en el funcionamiento económico y su relación con los circuitos de financiamiento. El estancamiento económico y la inflación (estanflación) observados en los países desarrollados a finales de los setenta indujeron altas tasas de interés, que aunadas a la caída de los precios petroleros ocasionaron que el gobierno mexicano enfrentase problemas para servir la deuda contraída en los circuitos internacionales de crédito. Lo mismo sucedió a otros países relativamente pobres y altamente endeudados, por lo que a tal situación se le denominó problema de la deuda de los países del Tercer Mundo.

Para México, la consecuencia inmediata de ese problema fue la restricción al crecimiento durante la década siguiente; los nuevos endeudamientos que se negociaban cada vez con mayor dificultad sólo servían para pagar los viejos empréstitos y los recursos obtenidos no se canalizaban a la actividad productiva. En consecuencia, el gobierno mexicano emprendió la reforma económica: transfirió a la iniciativa privada la tarea de impulsar la economía, incluyendo el financiamiento para las actividades productivas mediante el nuevo marco regulatorio de liberalización y apertura del sistema financiero. En términos del discurso oficial, la expectativa era promover el crecimiento económico a través del desarrollo financiero.

En el contexto macroeconómico nacional, con el argumento de constituir medios suficientes de financiamiento para las actividades productivas de las empresas, el inicio de la década de 1990 se caracterizó fundamentalmente por el proceso de liberalización del sistema financiero mexicano. Dentro del conjunto de reformas impulsadas por el gobierno, destaca la liberalización de la banca efectuada entre 1988 y 1991. Las medidas de política para alcanzar esa meta incluían la eliminación de los requerimientos de reservas por parte de los bancos privados y la supresión de las restricciones a las tasas de interés, tanto de los depósitos como de los préstamos. La reprivatización de 18 bancos entre 1991 y 1992 auspició la conformación de nuevos y poderosos grupos financieros, con un alto grado de concentración, pues esas nuevas instituciones financieras controlaban más de 50% de los activos en 1994.

La modernización de la estructura financiera tenía como sustento la internacionalización del sistema financiero frente al inminente proceso de globalización. Se creó un nuevo marco jurídico que autorizaba a los intermediarios financieros mexicanos, ahora nuevamente privados, a llevar a cabo actividades en los mercados de capitales internacionales; también se autorizó a que grandes grupos financieros extranjeros iniciaran operaciones en México.

En pocas palabras, para el proceso de reforma de la economía mexicana se con-formaron nuevos marcos legales para regular el funcionamiento del sistema financie-ro nacional, cuyas principales consecuencias fueron el funcionamiento de mercados liberados de la mediación gubernamental, tipo de cambio flotante dentro de bandas (posteriormente bajo régimen de libre flotación), no fijación de las tasas de interés pasivas ni activas y liberalización del flujo de movimientos de capitales con los mercados financieros internacionales.

A principios de los noventa, por fin parecía alcanzarse la meta de estabilizar la economía; sin embargo, la gran cantidad de choques negativos externos e internos al inicio de esa década culminó con la crisis financiera y de balanza de pagos que estalló a finales de 1994. Dado el agotamiento relativamente acelerado de las reservas internacionales que se dio desde principios de 1994, el Banco Central fue incapaz de mantener la paridad cambiaria, por lo que a finales de ese año las autoridades mexicanas tomaron la decisión de abandonar el régimen de tipo de cambio semifijo dentro de “bandas” que se había seguido y optaron por un nuevo régimen cambiario de tipo flotante, de acuerdo con las fuerzas del mercado. Para inicios de 1995, el panorama era completamente negativo ante las expectativas generalizadas de una nueva recesión y el franco repudio a los activos financieros mexicanos, públicos y privados, por parte de los inversionistas internacionales que, cuando las expectativas eran optimistas, los habían adquirido de muy buena gana.

Se ha argumentado que las políticas económicas que se instrumentaron como consecuencia de la crisis tuvieron éxito en la estabilización de la macroeconomía, debido, entre otras cosas, a los diversos paquetes negociados con el FMI y con el gobierno de los Estados Unidos para rescatar a las empresas internas con insolvencia y a los deudores de la banca. Ya superada la crisis financiera de 1994-1995, el gobierno comenzó a restructurar el sistema bancario y a rescatar a los deudores de la banca, lo que generó el incremento intempestivo de las tasas de interés.

Adicionalmente, las autoridades establecieron un nuevo marco de estricta supervisión y regulación preventivas que se basaba en la autorregulación, también crearon un nuevo sistema de pensiones basado en el funcionamiento de fondos privados para fortalecer el ahorro interno, y permitieron la inversión extranjera en la banca comercial doméstica.